A- de 2025

Conflictos (acumulados) entre los Juzgados 001 y 008 Administrativos del Circuito Judicial de Montería, y la Superintendencia de Sociedades, por causa del medio de control de reparación directa presentada por unos ciudadanos, contra el departamento de Córdoba, por incumplimiento de un acuerdo de reestructuración.

Cumplidos los presupuestos del conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena observa que la pretensión principal de los demandantes es la responsabilidad extracontractual de la referida entidad territorial, por los perjuicios morales y materiales causados con ocasión de la presunta vulneración del deber objetivo de cuidado, al supuestamente dilatar el cumplimiento de una orden administrativa constituida en el Acuerdo de Reestructuración.

La Ley 550/99, en su artículo 37 facultó a la SuperSociedades para dirimir judicialmente las controversias sobre la ocurrencia y reconocimiento de los presupuestos de ineficacia previstos en la ley, las demandas relacionadas con la existencia, eficacia, validez y oponibilidad del acuerdo o de alguna de sus cláusulas, entre otras facultades.

Sin embargo, La jurisprudencia constitucional ha precisado que se trata de una competencia “restringida y excepcional”, limitada a resolver ciertas vicisitudes propias de los acuerdos de reestructuración y estas facultades no se extienden a los conflictos derivados de obligaciones que se surtan después de los acuerdos, ni al trámite de procesos ejecutivos sobre tales obligaciones, materias que corresponden al conocimiento de la jurisdicción ordinaria.

Se aplica entonces para resolver, la regla de decisión del Auto 3121/23 y asignar a la jurisdicción de lo contencioso administrativo la competencia para conocer la demanda presentada.